¿Por qué deberíamos subsidiar a los colegios?

Si en 2011 se hubiera aplicado el 4.0 % del PIB a educación preuniversitaria, entonces el gasto por estudiante en escuelas públicas hubiera superado al gasto promedio por estudiante en los colegios, 43,819 vs. 47,052 (42,774 excluyendo los aportes de las familias en los establecimientos públicos).

Ahora bien, recordemos que en el gasto educativo privado hay una enorme desigualdad R, por lo que el promedio sale inflado, así que en el escenario de un 4 % para educación preuniversitaria, el gasto por estudiante en escuelas públicas superaría por mucho al gasto por estudiante en la mayoría de los colegios. (Para información más detallada véase “El gasto público y privado en R.D y L.A” en los párrafos iniciales y en los finales).

Realmente la mayoría de los colegios tiene graves deficiencias y no son tan diferentes de las escuelas públicas:

En un artículo del Listin Diario de mayo de 2010 se recogen algunas opiniones de conocedores sobre los colegios privados dominicanos R.

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Según Fauntly Garrido, presidente de Fenacep (Federación Nacional de Centros Educativos Privados),  “la mayoría de los colegios privados adolecen de debilidades muy similares a las públicas.  La principal radica en que a los centros privados no se le exige calidad sino que es algo que depende del criterio del propietario”.

Para el presidente dela Federación de Padres de Niños en Colegio Privados y Escuelas Públicas (Fedepadres), Juan Ávila, el 80 por ciento de los centros privados tiene problemas de espacio, de titulación de maestros y de recursos pedagógicos, incluyendo falta de laboratorio.

Para la educadora Rosa Ariza, el presidente de Fenacep, Fauntly Garrido, y el educador y psicólogo, Víctor Martínez, las principales fortalezas del sector están enfocadas en el cumplimiento de los tiempos y procesos, alcanzando entre 900 y 1,200 horas de docencia, mayor seguridad, aulas más adecuadas y menos masivas, y seguimiento más personalizado al alumno.

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En el caso de un 4 % para educación,  el gasto privado educativo sería una tontería, y luego de que las escuelas públicas estén pagando mejor o igual salario a los profesores y de que mejoren sus infraestructuras; entonces, en teoría, los colegios deberían verse forzados a elevar aun más sus tarifas a las familias para diferenciarse de las escuelas; de lo contrario, o en caso de que las familias no puedan asumir estos costos adicionales; habría desde la clase media-baja una migración masiva hacia el ya saturado sistema publico y este colapsaría y/o se quedarían muchos tratando de entrar. Entonces aquí vemos también un sentido bastante práctico para el subsidio. Además, el otorgamiento de subsidios le daría mayor poder al estado para reglamentar, garantizar y apuntalar la calidad de los colegios.

Debido a la gran participación que tiene el sector privado en el sistema escolar, es vital la aplicación de subsidios para compensar a la clase media. Las devoluciones por gastos educativos que se hacen a través de la DGII son insuficientes y deben ser eliminados en el caso de aplicación de subsidios. Estos últimos irían a mejorar las infraestructuras y equipamientos de los colegios, además de mejorar el salario de los profesores.

Los supuestos económicos con los subsidios serían los siguientes:

No se puede pretender establecer un sistema de educación en el que unos paguen por educación y otros no. El deber del estado debe ser con todos por igual. Un estudiante en un colegio tiene el derecho a recibir del estado la misma cantidad de dinero que recibe un estudiante de una escuela pública. El gasto que harían los padres en los colegios sería adicional al gasto del estado. No se puede prohibir que algunos padres decidan hacer un esfuerzo adicional (al consensuado por la comunidad o sociedad) para proveer de una educación de mayor calidad a sus hijos. Esos padres se estarían sacrificando bastante y el hecho de hacer esto entonces los llevaría a realizar una mejor tutela del rendimiento de sus hijos en las escuelas.

La inversión en educación es bastante arriesgada. Invertimos una suma extraordinaria y exagerada durante 15 años en la formación académica de un estudiante, y al final resultará que la mayoría de los ellos realmente no rendirán para todo lo que se invirtió en ellos, optando por carreras técnicas, artísticas o de humanidades y por eso una inversión muy alta en educación pública sería ineficiente. En el caso de los colegios, todo el riesgo de estos nuevos costos serían asumidos solo por las familias que se decidan a esto. Agreguémosle también la disfuncionalidad existente en muchos hogares dominicanos debido a las precariedades económicas y hasta emocionales (madres muy jóvenes e inmaduras), por lo que se dificulta o no se promueve el cumplimiento de los objetivos escolares de sus hijos.

Si prohibiéramos la educación privada, y asignáramos un gasto equitativo por estudiante; de cualquier forma los mejores profesores siempre serán escasos. Si no se hace una aglutinación de los mejores profesores con los mejores estudiantes, entonces no estaríamos aprovechando de la mejor manera el potencial tanto de los mejores estudiantes como de los mejores profesores.

El sistema que tenemos es capitalista, no es perfecto pero es práctico. Aglutina a los mejores profesores (y mejores pagados) con estudiantes de mucho potencial (debido a su posición socioeconómica) y garantizando así mayor eficiencia global que si no se hiciera ninguna aglutinación. La educación de calidad cuesta, y solo las familias que tengan para pagar por ella serán las que podrán acceder a esta educación de alta calidad (hasta en los países nórdicos existe la educación privada y subsidiada también).

Si establecemos un sistema de meritocracia escolar, donde los estudiantes con las mejores notas se transfieran a las escuelas o a clases separadas dentro de una misma escuela, con los mejores profesores (streaming), entonces habrá desigualdad social de igual forma e incluso peor que la aglutinación o segmentación socioecónomica. Además, ¿y quién dijo que el estudiante que obtenga la mejor nota es el más apto? Cualquier examen es realmente un método insuficiente para valorar el talento y el conocimiento a cabalidad. Memorizar es una cosa; interiorizar y aplicar el conocimiento es otra. Por lo que realmente no hay manera de afirmar con certeza que algún estudiante se merezca una mejor educación que otro.

Mezclar a la clase media con la desahuciada clase baja en nuestro país podría provocar enormes tensiones dentro del recinto escolar (como sucede en muchas escuelas de EUA o aun mucho peor). En vez de ser socialmente integrador, puede terminar siendo socialmente destructor y hacer del recinto escolar un ambiente explosivo de alta tensión, al sentir mucho más de frente la desigualdad social.

Así que la aglutinación socioeconómica es válida y es la más conveniente de todas.

Una vez hechos todos estos supuestos, aclaremos algo: la desigualdad social ya está asentada en República Dominicana. Ya tenemos a toda una clase socioeconómica que asiste a colegios. Lo que debemos hacer es no permitir que esa desigualdad social aumente, y establecer planes para disminuirla gradualmente. Con un aumento de la inversión a la educación pública hasta el 4% más un aumento del gasto por estudiante en los colegios vía subsidios, el efecto neto sobre la desigualdad social podría ser nulo y hasta podría ser positivo. La educación subsidiada no tiene porqué perjudicar a la pública necesariamente; si esta última es asumida adecuadamente por el Estado.

¿A cuánto debería ascender el subsidio?

Si para el presupuesto de 2012 se hubiese estimado una recaudación tributaria de 15.5 % del PIB (como quería el FMI y un poco menos de lo que se planteó alcanzar en la Estrategia Nacional de Desarrollo para 2015), entonces las recaudaciones tributarias del gobierno hubieran aumentado en 40 mil millones desde los 329 mil que se presupuestaron R.  Las recaudaciones del gobierno deben regresar a la economía de forma equilibrada y justa, (al menos en un estado unitario y centralizado como el nuestro); entonces agregaríamos 40 mil millones nuevos en gasto al presupuesto de 374  mil millones. Cálculos disponibles en hoja de Excel en doc.  “cálculos educación IIB” disponible aquí

Así que hubiesen sido 414 mil millones en gasto, del cual sacaríamos un 24 % destinado al gasto público en educación, y de ese 24 %, un 2.7 % para subsidiar a los colegios y un 0.8 % para aumentar el subsidio que ya se hace a las universidades. Con este 24 % de presupuesto, el subsidio por estudiante en los colegios y universidades privadas equivaldría a la mitad del gasto por estudiante en escuelas y universidades públicas (UASD). Esa es más o menos la proporción que existe en la gran mayoría de los países de la OCDE que otorgan subsidios a las instituciones privadas educativas. En 2008 en los países de la OCDE en promedio hubo un gasto de 8,111 y 4,572 ajustados a PPA por estudiante en las escuelas públicas y privadas respectivamente. En educación terciaria fue de 10,543 y 3,614. En la Unión Europea, según los mismos datos de la OCDE fue 8,802 y 4,959 para las escuelas y 10,332 y 4,730 para la terciaria. R

Un gasto público en educación del 24 % del presupuesto sería similar al gasto que se hace en México y en Costa Rica (cercano al 23 %).

Para lograr aumentar el gasto en educación desde actual 19 % (2012) al 24 % del presupuesto, habría que eficientizar al máximo el cobro de la energía eléctrica para reducir sus subsidios R, además de reducción de los gastos onerosos, eficientización de las auditorias de las cuentas del estado y sobretodo penalización efectiva a las instituciones por las irregularidades , faltas o fallas encontradas en sus cuentas R, y mayor transparencia y cumplimiento en las contrataciones.

En esta propuesta fiscal el gasto del gobierno en educación ascendería al 4.2 % del PIB (3.6 % a instituciones educativas públicas y 0.6% a instituciones educativas privadas), pero es previsible que estos gastos relativos al PIB aumenten conforme aumenten las recaudaciones del estado según los objetivos de recaudaciones tributarias planteadas en la E.N.D (19% para 2019 y 24 % para 2030).

Se establecerían 4 tramos diferentes para la aplicación de los subsidios. En el primer nivel de tarifas no se descontaría nada. En el segundo nivel se descontaría un 10 % al subsidio entregado. En el tercer nivel un 20% y en el cuarto un 30%. A partir determinada tarifa dejarían de recibir subsidios del estado. Así nos evitamos pagar por la educación de aquellos que más tienen y que son los que tienen que pagar por nuestra educación y hacemos que nuestro sistema sea más progresivo. Véase “Educación gratuita y de calidad ¿quién la pagará?“.

Los colegios deberían establecer una tarifa mínima correspondiente al 150 % del subsidio por estudiante que le otorgaría el estado, de lo contrario no se les otorgaría subsidios. Así haríamos una distinción seria entre un sistema público gratuito y un sistema privado y no distorsionamos o confundimos sus respectivas naturalezas o razones de ser.  Los colegios que no puedan establecer estas tarifas mínimas se verían obligados a vender sus planteles al estado dado que estarían fuera de la competencia.

Los colegios que reciban subsidios no podrían lucrar. Como lo expresó el mismo presidente de Fenacep citado al inicio de este artículo, la mayoría de los colegios  adolecen de debilidades muy similares a las escuelas públicas y que esto ocurre porque en los colegios no se les exige calidad sino que es algo que depende del criterio del propietario. Un colegio que apenas cobra 2 mil pesos mensuales de tarifa y encima de eso tiene que apartar beneficios, no puede impartir calidad. Además eliminando al lucro se pierde el incentivo de la mayoría del sistema privado escolar a expandirse y a competir con el sistema público. Básicamente solo los colegios administrados por instituciones religiosas se expandirían puesto que no necesitan incentivos económicos, además claro de los colegios bilingües de alto costo a los cuales no se les otorgará subsidios. Cuando se trata de colegios de muy alto costo, el lucro no afecta la calidad, puesto que estos compiten mucho por su imagen y la obtención de certificaciones de altos rendimientos.

Bajo el esquema de subsidios presentado aquí de 0.6 % del PIB, con una aplicación del 3.6 % a educación pública, y bajo el mandato descrito en el párrafo anterior, este año la tarifa mínima a cobrar en los colegios sería de unos 2,620 pesos mensuales aproximadamente durante 9 meses y una inscripción de la misma suma, o 26,204 pesos anuales (150 % del subsidio). El subsidio más la tarifa equivaldría a 43,674 pesos anuales (25 % mayor que el gasto público por estudiantes en las escuelas públicas*). Véase hoja de Excel “cálculos educación IIB” aquí y los datos de referencia del presupuesto 2012 aquí

*Asumiendo un 83 % del gasto total destinado a Minerd, así como ocurrió en 2011 y 2012.

El objetivo sería ir aumentando gradualmente (en un plazo de 30 años) la cobertura del sistema público hasta llegar al 90 % de la matricula y así no perdernos en los deberes del estado de asegurar igualdad de oportunidades y justicia social, pero sin perder el tiempo ahora por la falta de recursos del estado. La asistencia a los centros privados de educación solo debería ser para la clase media alta y alta.

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